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El consejero de Medio Ambiente se excusó ayer, al cumplirse un año de la última avenida, con que ya han invertido 3 millones en un plan de choque

Las quejas, al Gobierno central. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, depositó ayer la responsabilidad acerca de las riadas, sus efectos, las promesas hechas y las futuras que vinieran, en el Ejecutivo que en breve presidirá Mariano Rajoy, ya que las competencias en materia hidráulica han pasado de la Junta de Andalucía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). «Nosotros hemos hecho ya nuestro trabajo, el que nos correspondía», señaló el representante de la Administración autonómica durante un acto en Córdoba.

El consejero se refería así a los 3 millones de euros que, según aseguró, ha invertido en Córdoba la Administración regional en la limpieza de arroyos y en la prevención de avenidas. «El 95 por ciento de esa cantidad pertenece a proyectos que ya están ejecutados», añadió Díaz Trillo cuando se cumplía un año justo de las inundaciones que arramblaron, por segunda vez en pocos meses, con las parcelas de la capital junto al río en el Aeropuerto y causaron destrozos de consideración en varios municipios de la provincia, entre ellos Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Palma del Río y Villaviciosa.

A pesar de que las quejas de los alcaldes de las poblaciones más propensas a ser víctimas de las lluvias torrenciales han sido constantes en estos últimos meses, el directivo de la Junta de Andalucía se enrocó ayer en que el Gobierno andaluz ha cumplido con su tarea. «En Medio Ambiente pusimos en marcha un plan extraordinario para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y lo hemos llevado a cabo», aseveró, al tiempo que reconoció no está todo hecho para hacer frente a futuras precipitaciones copiosas. «Hay que tener siempre presente que el agua busca su curso, sus títulos de propiedad, y ante ello hay que estar siempre preparado», dijo el consejero. «La solución no es que los arroyos se limpien después de una inundación, sino que siempre estén preparados» para evacuar la lluvia, añadió José Juan Díaz Trillo.

Los datos que ayer ofreció el consejero son de los pocos que ha difundido la Administración autonómica sobre el resultado de las tres comisiones que creó la Junta de Andalucía con los alcaldes de los municipios ribereños afectados por las inundaciones de diciembre de 2010, que se produjeron sólo nueve meses después de otras de igual intensidad y que también pusieron en jaque a buena parte de la provincia. Las promesas del Gobierno regional tras las riadas se resumen en la creación de tres mesas de trabajo: una para revisar el mapa de municipios con riesgos de inundaciones y servidumbres del dominio público hidráulico; otra, para mejorar la coordinación de emergencias; y una tercera para fijar las infraestructuras necesarias para paliar los efectos de las zonas inundables.

Díaz Trillo no se refirió ayer a la polémica que surgió a cuenta de la gestión de los desembalses que realizó la Junta el otoño pasado —cuando tenía las competencias sobre ellos— y que algunos responsables políticos (como por ejemplo el entonces alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña) pusieron en el punto de mira, cuando no la señalaron como la causa directa de los destrozos que terminaron por hacer las copiosas precipitaciones.

Hay que recordar que algunos de los municipios que han sufrido las inundaciones más severas en los últimos años estaban a expensas de obras que la Administración autonómica tenía previstas en el Plan contra Avenidas y que no se habían llevado a cabo.

Este plan incluía un inventario donde se localizaban 108 puntos sensibles en la provincia de Córdoba, de los que 55 afectaban a núcleos de población y 45 a municipios. En este mismo documento se advertía del alto riesgo de inundaciones en Aguilar de la Frontera, por la cercanía del arroyo El Pintar, y de Bujalance, donde el cauce del arroyo del Asno ponía en peligro a la población del municipio en caso de desbordamiento.

Puntos de especial peligro

En ambos municipios se han aplicado las medidas incluidas en el plan para evitar las inundaciones sin que surtan los efectos esperados. Ambos municipios han sufrido inundaciones una vez acabadas las obras. En concreto, este plan señalaba en Bujalance como puntos de especial peligrosidad la intersección de la calle Doctor Fleming con la Ronda Sur, la plaza Soriana y las calles Rosa, Coronel Aguilera y Morente. En esta última, en la vivienda número 8, se produjo la tragedia en agosto de 2010 cuando murió un varón de 36 años al derrumbarse un muro.