El PA pide una nueva la ley anticorrupción. Los partidos serán corresponsables en los casos de corrupción

Los intermediarios y consultores se llevaban hasta el 25% de los ERE. Los Partidos políticos implicados deben ser corresponsables. De un fondo público de 647 millones, a los intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) y las ayudas directas a empresas se une ahora el fraude descomunal y concentrado en pocas manos como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del costo total de los expedientes.

 Existía un circuito oficial entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo de la Junta sin desglose. Y en paralelo otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. La primera prueba ha trascendido ahora, después de un año de instrucción. Documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los “gastos externos” en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%). La juez del caso ya ordenó a la Guardia Civil investigar las comisiones de las consultoras Vitalia y Uniter, pero de momento no hay conclusiones plasmadas en ningún atestado.

La juez del caso aún tiene pendiente analizar este enorme fraude, ya que hasta ahora se ha centrado en los casos de 14 intrusos del total de 72 que identificó la Junta y que esta estima supuso un fraude de 10 millones a las arcas públicas. Una cifra a la que sumamos ahora los márgenes logrados por las consultoras en 10 años.

La cifra del altísimo porcentaje deja perplejos a los profesionales del sector de las consultoras ligadas a las pólizas de vida que aseguran a los prejubilados. “La comisión media se sitúa entre el 0,25% y el 1%”, describen fuentes del sector que piden el anonimato.

Estas actitudes presuntamente ilícitas no sólo pueden ser delictivas si no que socaban la confianza de la ciudadanía en la democracia y las instituciones tanto de la administración como de las propias instituciones representativas. Como reclaca Pilar González (PA) en estas cuestiones, "o entre todos acabamos con la corrupción o la corrupción acabará con al democracia".

Para conseguir erradicar la corrupción, el PA lleva en su programa una Ley integral y severa anti-corrupción y un Plan de reformas para la lucha contra la corrupción en el sector público; la corresponsabilidad de partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción; el control estricto del absentismo de los cargos electos  en sus respectivas responsabilidades y la creación de una oficina de Evaluación Urbanística y de Suelo, conjunta de  Estado, Comunidades Autónomas y municipal, dependiente de la Cámara de Cuentas.