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martes, 1 de mayo de 2012

RELOJ DE SOL Derecho al trabajo JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE


El derecho al trabajo es una religión del individuo social. No es el único: el derecho a la huelga, los derechos políticos y el derecho a la educación van configurando esa esfera esencial más ciudadana, esa prestación que la persona se concede a sí misma en el contrato público de su convivencia libre. Toda limitación de estos derechos es un golpe en el pecho, una brecha en la médula, un navajazo henchido de razones para descabellar al individuo. Vivimos unos días en los que los derechos, todos, son puestos en tela de juicio de manera continua, institucional, política. Y no debemos engañarnos: la única diferencia entre que unos u otros estén en el poder tiene que ver con la forma de llevar a cabo estas limitaciones, estos cerrojazos a nuestras garantías jurídicas, pero en esencia habrían sido exactamente las mismas. Es como la subida del IVA: hace no demasiado tiempo, la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llamaba a la rebelión cívica contra la subida del impuesto, a una especie de insurgencia tranquila contra cualquier medida semejante. Ahora, cuando es el Gobierno de su propio partido quien apunta a esa subida, no sólo la secunda, sino que condena, con grado de terroristas urbanos a la manera griega más extrema, a todo aquel que ejerza su derecho a protestar. Pues bien, la subida del IVA era la misma antes y ahora, pero lo que varían son las posiciones, quién tienes las fichas blancas, o las negras, en este maltratado tablero de ajedrez melancólico en el que todos, menos los gobernantes, somos peones. 

Pues bien, el derecho al trabajo es una especie de líquido óseo de nuestra dignidad social. Sin el derecho al trabajo y sin sus derechos aledaños -el derecho de asociación, el derecho de huelga, la libertad sindical-, todos los ciudadanos lo somos mucho menos, somos una especie de sombras alejadas de su luz social. Está claro, lo decíamos arriba, que en estas situaciones cualquier ejecutivo tendría que recortar, ajustar, reubicar, la proyección de nuestras garantías laborales; pero eso es una cosa, y otra muy distinta estos humos demasiado autoritarios que se le empiezan a ver, o a presentir, al Gobierno de Mariano Rajoy. Lo primero ha sido privar a los sindicatos de su representación en el órgano colegiado de RTVE. Lo segundo, esta renuencia del presidente Rajoy, inédita e insólita en nuestra democracia, a recibir a los representantes sindicales. Lo tercero, esta campaña para desacreditar toda manifestación, aunque sea pacífica, emponzoñándola, demagógicamente, en una analogía con el terrorismo urbano. 

Al Gobierno hay que ayudarlo aunque no se deje, como dijo Felipe González. Pero criminalizar a los sindicatos, las manifestaciones o el derecho de huelga no parece una gran política de Estado. Este es un Gobierno sin diálogo social, justo cuando más se hace preciso. Empecemos a hablar.

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