El drama de los desahucios se ha convertido ya en tragedia nacional. Una tragedia alimentada por la política y por su implicación total y absoluta en este asunto, tanto en lo concerniente a la redacción y actualización de las leyes, como en su participación en la gestión de las cajas de ahorro, las que más activos tóxicos y desahucios atesoran. Pero la cosa no acaba ahí, ya que más recientemente PP y PSOE han vetado varias propuestas de otros grupos parlamentarios en favor de los afectados por las hipotecas.
Los datos que nos deja esta tragedia nacional son escalofriantes: más de 500 desahucios diarios; casi 370.000 familias se han quedado en la calle desde que estalló la crisis según la PAH; en lo que va de año, los juzgados españoles han acordado casi tantas órdenes de desalojo de viviendas como en todo 2009. Estas cifras llevan en sus entrañas el germen del estallido social.
En este punto cabe mencionar la admirable y desinteresada tarea que está llevando a cabo la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que se han convertido en la última alternativa a las miles de personas inmersas en procesos de desahucio a cambio de nada. Únicamente la satisfacción de lograr parar un desalojo es la mayor recompensa recibida.
Los jueces también han alzado la voz denunciando la incompatibilidad de una ley de 1909 con los tiempos que corren. Esta ley, que rezuma carcoma por los cuatro costados, es sangrante para el deudor, pues le obliga a devolver la vivienda, perder todo lo invertido en ella y cargar con una deuda que ni sus nietos podrán terminar de pagar. Hay que recordar que la legislación española es incompatible con las normas europeas, tal y como lo ha recordado el Tribunal de Justicia Europeo. El sistema no protege al cliente respecto a posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, pues permite el desahucio antes de que se pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.
El clamor social, junto con los tres últimos suicidios, ha obligado a los políticos a actuar de urgencia. Que la muerte de dos personas anteriormente, o de otras que no han salido en los medios, no hicieran saltar la alarma antes resulta inconcebible.
Este lunes el Gobierno presenta una serie de medidas a la oposición para atajar este gravísimo problema, pero desde varios sectores se duda de su justa implantación. La dación en pago, el establecimiento de moratorias con carácter inmediato y ofrecer, en aquellas situaciones excepcionales, la permanencia en la vivienda a través de un alquiler social adaptado a la renta de los afectados son aspectos básicos que debería recoger una nueva y racional ley hipotecaria. De hecho éstas eran algunas de las propuestas de Izquierda Plural rechazadas por los dos grandes partidos en el Congreso tiempo atrás.
¿Pero cómo encaja todo esto con el banco malo? Es vox populi que las entidades financieras –principalmente las cajas de ahorro - están acelerando los procesos de ejecución hipotecaria, pues tienen que entregar a partir del próximo mes el mayor lote posible de viviendas tóxicas para que el banco malo les inyecte capital, bonos y acciones. Quizá por eso, en el segundo trimestre de 2012, la cifra de desalojos ha alcanzado su cifra récord, ya que los procedimientos de desahucio ascendieron a los 16.464, un 21,2% más que en el mismo período del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Lo que sí está claro es que el plan de negocio del banco malo está hecho bajo el supuesto de conseguir una rentabilidad mínima del 15% en 15 años, por lo que cualquier desviación en estas previsiones podría suponer un serio problema para el Gobierno y su particular reforma del sector financiero. Recordemos que miles de activos inmobiliarios tóxicos que pasarán al banco malo proceden de las ejecuciones hipotecarias y sus principales proveedores son las cajas de ahorro, hoy bancarizadas, que curiosamente son las que más dinero público han recibido, Bankia incluso ha sido nacionalizada, y han sido gestionadas por los políticos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián lo han hecho ahora, exigiendo como socios fundadores de Kutxabank la paralización inmediata de cualquier desahucio. Dicho y hecho, 24 más tarde la entidad anunciaba la suspensión de todos los procesos de ejecución hipotecaria. También lo ha hecho el Ayuntamiento de Tenerife, que ha retirado 1,5 millones de euros de una sucursal de Bankia "en señal de protesta” por el rechazo de la entidad a negociar con una mujer desahuciada. Las consecuencias fueron inmediatas, ya que la misma mañana se celebró una reunión a tres bandas entre el director territorial de Bankia, el alcalde y la vecina que concluyó con un acuerdo, concederle un alquiler flexible que será financiado en parte por el Consistorio.
¿Estará por fin dispuesto el Gobierno a anteponer los derechos fundamentales de las personas en detrimento de los intereses de la banca? Esperamos que sí, que se acabe con esta tragedia nacional y que la muerte de Amaia sea la última. |
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