Existen un millón y medio de razones para que este primero de mayo sea un grito desesperado de los andaluces contra las políticas de recortes económicos y sociales que viene sufriendo nuestra tierra por parte del gobierno central y del gobierno andaluz. Unas políticas restrictivas que condenan a Andalucía a más paro y a más marginalidad.
Desde la modificación del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE y el Partido Popular, por la que se consagra a toda costa la estabilidad presupuestaria y se cede a la Unión Europea la soberanía para marcar los objetivos de déficit, los sucesivos gobiernos socialista y popular, han antepuesto los intereses de los grandes grupos económicos y financieros a los intereses de los trabajadores y de los emprendedores.
Las políticas intervencionistas pactadas en el Consejo de la Unión Europea, especialmente la política agraria común (PAC), con nuevos recortes y nuevos criterios que favorecen a los grandes propietarios en detrimento de las pequeñas explotaciones, en nada favorecen el futuro de muchas comarcas de Andalucía en las que la reducción de las ayudas las condenarán al despoblamiento, la dependencia y el abandono de cultivos con fuerte carga social y medio ambiental.
Los presupuestos generales del Estado y los de la Junta de Andalucía, en los que prácticamente se eliminan las inversiones en infraestructuras, aseguran un presente desolador para el empleo y un futuro sin esperanzas para un estado del bienestar cada vez más agónico; un estado del bienestar en el que cada día se recortan las políticas sociales y en el que casi medio millón de familias andaluzas tienen a todos sus miembros en paro y en el que un 40% de los andaluces viven en riesgo de pobreza.
Un estado del bienestar en el que el Gobierno Central recorta las asignaciones para ayudas a la dependencia y la junta de Andalucía paraliza los nuevos expedientes de asistencia a la dependencia, dejando sin cubrir vacantes en centros de día y residencias de mayores, despidiendo a personal y dejando de abonar los convenios de centros concertados, con la consecuente destrucción de empleo.
Este panorama desolador se agrava casi a diario con cierres de empresas que, al amparo de una reforma laboral injusta, se deslocalizan de nuestra tierra, donde han estado obteniendo ayudas públicas y beneficios empresariales, haciendo aumentar las cifras del paro en un goteo permanente sin que las instituciones de gobierno tomen medidas contundentes. Frente a esta sangría los andalucistas creemos necesario un cambio en la reforma laboral y apostamos por el boicot a los productos de aquellas empresas que cierren sus instalaciones en Andalucía, a pesar de ser viables.
Los andalucistas consideramos que la política obsesiva del gobierno del Partido Popular de reducir a toda costa el déficit público no es el camino; Andalucía necesita un plan de empleo prioritario en el que la inversión pública sea un motor para la creación de empleo y el gasto público cumpla una función social. La reciente sentencia del tribunal constitucional de Portugal es un ejemplo claro de que en un estado social y democrático el interés de los ciudadanos está por encima del interés de los mercados.
Las políticas populista y paternalistas auspiciadas por la Junta de Andalucía con planes de empleo y pactos de concertación entre sindicatos y patronal sin dotación presupuestaria, no son más que un maquillaje que denuncia una total incapacidad para la gestión de la crisis. La última ocurrencia del decreto para garantizar las tres comidas a niños y adultos es un ejemplo de improvisación y falta de miras.
Después de treinta años de autogobierno en Andalucía, con una renta per cápita cercana a los 18.000 euros y con el tercer PIB de España, tener que abrir los comedores escolares y las unidades de día para dar de comer a niños y mayores, sólo demuestra el poco respeto que el gobierno andaluz le tiene a las familias con riesgo de exclusión social. En pleno siglo XXI es inadmisible que un gobierno que maneja más de treinta mil millones de euros, no haya establecido una Renta Social Básica para las familias con riesgo de exclusión; una renta social que permita a los andaluces no tener que mendigar la comida de sus hijos ni de sus padres.
El gobierno andaluz no puede dedicarse a hacerle la competencia a los Bancos de Alimentos y a las ONGS, que de forma altruista y desinteresada llevan años ayudando a cientos de familias de forma anónima y callada.
Finalmente, los andalucistas proclamamos con este manifiesto que ha llegado el momento de decir basta a las políticas del Gobierno Central y al seguidismo del gobierno de la Junta de Andalucista y de exigir un giro para gobernar pensando en las personas, en los andaluces y andaluzas, que están sosteniendo sobre sus espaldas todo el peso de la crisis.
¡Viva Andalucía Libre!
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